Puramente Wayuu

martes, 30 de septiembre de 2008

LOS WAYÚU DE LA GUAJIRA: ENTRE LA TRADICIÓN Y EL TURISMO

EntradaTradicionalmente los wayúu han hecho uso de las playas del Cabo de la Vela para pescar. Desde hace 20 años, notando el creciente interés de algunos turistas por visitar los exóticos parajes, han construido alojamientos y restaurantes para suplir estas demandas, aunque de forma artesanal y desordenada. Pero no han sido los únicos en ver el potencial de estas tierras para convertirse en polo turístico.

-restoEl Ministerio de Comercio, Industria y Turismo también se interesó en el potencial turístico de la zona y creó un programa que se llama Destinos Mágicos, que pretende llevar más turistas a zonas paradisíacas, como la alta Guajira, pero también incluye otras, como Sapzurro, Nuquí y Bahía Solano, en el Chocó, Providencia y Leticia.

En el caso de la alta Guajira, el problema es que las playas no solo están en territorio sagrado, protegidas como resguardo indígena desde 1984, sino que aún no cuentan con infraestructura de agua potable y alcantarillado, ni energía eléctrica, lo que está generando que el uso de plantas eléctricas se esté convirtiendo en un grave problema ambiental.

El creciente interés en la zona está empezando a mostrar sus dientes. Uno de ellos, el más grave por lo pronto, es que una diligencia judicial quiere desalojar a los indígenas, alegando que están invadiendo el espacio público. Pero, según el derecho wayúu, estas tierras les pertenecen ancestralmente y no están dispuestos a ceder su dominio.

Sin embargo, tal como lo afirma Luis Guillermo Plata, ministro de Comercio, Industria y Turismo, "ni la reserva indígena, ni forma de propiedad alguna, se sobrepone al espacio público: las playas siguen siendo de uso público". Para él, contrario a lo que piensa la comunidad, si la playa se despeja, el beneficio para esta será mayor.

El caso de la comunidad wayúu es buen ejemplo de las implicaciones jurídicas que tienen los proyectos turísticos que se desarrollan en escenarios naturales protegidos o que tienen etnias involucradas. "No todos los efectos del turismo son benéficos -asegura Weilder Guerra, investigador del Observatorio del Caribe- y pueden ir desde la caricaturización de las manifestaciones culturales y modificaciones en el paisaje, hasta la mendicidad". Para él, es importante que la comunidad haga parte de los procesos etnoturísticos.

Pero la ausencia de diálogo generó que la idea del desalojo tomara forma, en el caso del Cabo de la Vela. No obstante, gracias a la mediación del abogado indigenista Hernando Muñoz, el cumplimiento de la orden judicial, que estaba planeado para el 12 de abril, fue detenido. "Antes que un problema policivo y de orden público es un tema social", asegura Muñoz, quien explica que el tema empezó hace ocho años cuando la dirección marítima, Dimar, le planteó a la comunidad que las playas pertenecen a la Nación.

Pero el hecho de que no se hubiera cumplido la orden de desalojo no significa que la misma no llegue a cumplirse en un futuro, pues desde mayo de 2006 la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles de Uribia, municipio considerado la capital indígena de Colombia, ordenó a la administración municipal que las familias wayúu desalojaran la playa del Cabo, porque debía recuperarse el espacio público perdido. Y cuando la administración se disponía a darle cumplimiento a la orden, una acción de tutela interpuesta por la comunidad, que mostraba que había sido vulnerado el derecho a la consulta previa y al debido proceso, la obligó a suspender la decisión.

Así las cosas, entre ires y venires, acciones populares y manifestaciones, los wayúu se han negado a aceptar la decisión judicial del desalojo, que volvió a coger vuelo en marzo de este año, pues simplemente no se sienten invasores. El proceso está detenido mientras se resuelve qué va a suceder allí.

No obstante, los últimos acontecimientos han llevado a que la comunidad empiece a reconsiderar su postura inicial, pues no quieren quedar fuera del negocio. "A pesar de las muchas diferencias internas de la comunidad, los cuatro clanes de la zona están de acuerdo en que deben trabajar el turismo pero sin grandes empresas en donde pasen a ser sirvientes y botones, ya que quieren ser pequeños empresarios de sus proyectos turísticos", concluye Muñoz.

De cualquier manera es evidente que el tema sigue sin resolver y para que ello ocurra es necesario que quienes decidan ejecutar proyectos turísticos en zonas protegidas deben tener en cuenta a las comunidades si no quieren tener tropiezos jurídicos, sociales y culturales en la materialización de los mismos.

1.000 personas se ven afectadas por la medida de desalojo, que representan unas 33 familias extensas.


UNA COMUNIDAD DIVIDIDA

Los wayúu son la comunidad indígena más grande del país con 500.000 personas. Son férreos defensores de su territorio que consideran sagrado y por eso les resulta tan fundamental la previa consulta a la comunidad sobre cualquier proyecto en la región. Con ellos coexisten dos figuras jurídicas, una de origen occidental y otra de origen wayúu. Esta última maneja los recursos del Sistema General de Participaciones, aspecto que ha generado muchos conflictos al interior de la comunidad. Para la líder Rosa Iguarán, la aparición de las transferencias está transformando el sentido de la autoridad en la comunidad, que si antes era evidente que se debía a los mayores, hoy día han perdido peso frente a quienes controlan los dineros. Esto, entre otras cosas, ha generado división en la comunidad y cambios en las costumbres. Algo tan tradicional como la institución del palabrero, que es quien dirime los conflictos de la comunidad, está modificándose porque algunos reclaman carnetización, armas y salario, algo que ha venido presentándose en la frontera venezolana.
TOMADO DE: ACTUALIDAD-

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